El gobierno de López Obrador arrancó formalmente el 1 de diciembre de 2018, aunque propios y extraños coinciden en que el nuevo régimen cobró forma desde la instalación de la LXIV Legislatura, el 1 de septiembre.
Es más, voceros oficiosos del depuesto PRI le atribuyen a Andrés Manuel haber asumido el poder desde el momento mismo en que se anunció su triunfo en la jornada electoral del 1 de julio.
Lo curioso es que, en términos de administración pública federal, seguimos instalados en la fase de transición. Todavía, por ejemplo, estamos preguntándonos cuáles serán las funciones del delegado estatal para los Programas de Desarrollo, que es como oficialmente se designó al superdelegado del Gobierno de la República.
Lo que se sabe a ciencia cierta es que, en Colima, esta responsabilidad recayó en la diputada federal con licencia Indira Vizcaíno Silva; que la ex alcaldesa de Cuauhtémoc despachará en Palacio Federal (aunque por lo pronto lo hace en las oficinas de la antigua Sedesol, en avenida San Fernando) y que una de sus funciones será coordinar a los representantes de las diferentes secretarías de Estado, una vez que haya participado en la selección de esta nueva burocracia.
Para evitar confusiones, los pocos representantes que queden después de la fusión y compactación de dependencias, asumirán cualquier otra denominación: jefe, superintendente, supervisor, gerente o enlace, pero no delegado.
NO SERÁN VIRREYES
De las posibilidades que tendría el perfil de este superfuncionario federal, en una columna anterior analizamos varias de ellas:
Podría haber sido una suerte de Gobernador de la Corona, similar a los que la reina Isabel tiene en países que como Canadá forman parte de la antigua mancomunidad británica de naciones, y cuyas funciones son meramente protocolarias.
Mas no fue el caso. Con los delegados, el Gobierno de la República quiere recuperar el control del gasto y la supervisión de proyectos que desde la alternancia panista cedió a los gobernadores, al grado que los mandatarios estatales se acostumbraron a ver a los representantes federales como parte de su gabinete ampliado y no como agentes del Presidente.
También nos preguntamos si el superdelegado tendría una función similar a la de los antiguos delegados de Gobernación, con atribuciones para operar políticamente y mantener la hegemonía del centro sobre la clase política local (al margen de sus funciones como inspector de juegos y sorteos o encargado del espionaje político).
Es presumible que, ante la multiplicidad de tareas cotidianas, la titular de Segob no pueda siempre mantener una comunicación directa con el Gobernador del Estado o con el Congreso local, y que en esa relación ocasionalmente la supla la delegada federal.
Y nos preguntábamos así mismo si los superdelegados asumirían una función como la de los antiguos delegados de Desarrollo Social, pero con mayor control de los recursos federales pues éstos ya no llegarán directamente a los gobiernos estatales, dada la opacidad, el clientelismo y la presumible corrupción con la que se operaron.
Por último, nos preguntamos si eventualmente el superdelegado tendría una función de comisario político de Morena, el nuevo partido gobernante, que ciertamente no tiene por qué convertirse en un partido de Estado como lo fue el PRI, aunque es preocupante la indisciplina y hasta el sabotaje entre las filas del lopezobradorismo, en Colima como en otros estados.
Desde el punto de vista partidista, AMLO ha dejado en claro que no le interesa vincular el partido que él fundó y del cual es líder indiscutible con el gobierno que él mismo encabeza. Amén de poner una sana distancia entre la política electoral y la administración pública, hay prioridades. Y lo urgente es echar a andar el gobierno.
No obstante, quien ejerza las funciones de comisario político ya tendrá oportunidad de estrenarse como coordinador de los trabajos partidistas en la elección de dirigente estatal, que en Colima deberá realizarse en menos de cuatro meses.
NI SECRETARIOS TÉCNICOS:
Al final de cuentas –luego de una verdadera rebelión de gobernadores como el de Jalisco, Enrique Alfaro, celosos de su facultad de administrar el conflicto en sus respectivos estados–, ya no fungirán los superdelegados como secretarios ejecutivos de la Mesa para la Seguridad Estatal y la Construcción de la Paz, que sesiona de lunes a viernes. Si bien, fueron integrados a ellas.
Y qué bueno que no les dejaron esa labor. Habría sido muy complicado para una delegada como Indira, ser además de todo la comisaria en Colima de la Policía Federal o la jefe nato de lo que acabe siendo la Guardia Nacional.
En la entidad, la Secretaría Técnica de esa mesa la asumió en un principio el jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, lo que antes era el Cisen), Julio Castañón, pero luego se modificó el esquema. A la delegada federal le corresponde, en todo caso, dar seguimiento a la problemática delincuencial desde la perspectiva de programas sociales que atajen las causas de la inseguridad.
Aunque responden directamente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los 32 delegados son coordinados por un funcionario que trabaja en la Oficina de la Presidencia. Sin embargo, formalmente estas estructuras pertenecen a la flamante Secretaría de Bienestar pues, de otra manera, el gasto del despacho presidencial se habría inflado más allá de cualquier racionalidad presupuestal.
Recientemente se dio a conocer que habrá una evaluación cuatrimestral de la situación de inseguridad en cada estado. Y esto supone un trabajo de seguimiento sistemático. Sin embargo, para los representantes de la PGR, la PF, Sedena o Marina debe ser sumamente frustrante recibir cada mañana el parte policial, en el que abundan ejecuciones, levantones y balaceras, sin que puedan conocer el nombre de los presuntos agresores, un dato que le compete establecer a la Fiscalía del Estado.
Mientras estas mesas no sirvan para forzar al ministerio público del orden común a progresar en sus averiguaciones, las sesiones matutinas seguirán siendo una pérdida de tiempo.
NO HABRÁ DESPIDOS MASIVOS
La nueva estructura federal tardará todavía un par de meses para empezar a cobrar forma. Algunos de los funcionarios que sirvieron al PRI recibieron contratos temporales para cerrar los programas, pero la tendencia es a recortar la alta burocracia, concentrar las responsabilidades en pocas manos y, por supuesto, pagarles menos.
Un primer objetivo de la reestructura es sacar de la nómina a los aviadores y a quienes cobraban como funcionarios pero que, en realidad, eran operadores políticos al servicio del tricolor. El reto es identificar entre todos ellos a la gente que sí hace la chamba.