Acusar a la 4T de socavar la democracia en el afán de poner el poder político al servicio del narcotráfico, es una estrategia electoral que se encuadra en una narrativa apátrida que clama la intervención de Estados Unidos en los próximos comicios, para favorecer a la reacción.
Buscando hacer creíble el señalamiento de “narcogobierno”, la derecha se montó en la violencia desatada por grupos delincuenciales que operan diferentes industrias criminales: no sólo el trasiego de drogas sino también narcomenudeo, el robo a transportes de carga, extorsiones y cobro de piso, secuestro o trata de personas.
Esta embestida contra el Estado es la mejor evidencia de que no hay una alianza entre la 4T y las organizaciones criminales. Si la hubiera, en aras de un interés común estos grupos delincuenciales no estarían tratando de ‘calentar la plaza’.
Si los carteles toman partido, es menos probable que sea a favor de Claudia Sheinbaum que de Xóchitl Gálvez, la candidata de las fuerzas políticas que alentaron el surgimiento de esta super mafia y posibilitaron su desmedido crecimiento en sexenios anteriores. Estas empresas de la muerte son la expresión más pura del capitalismo salvaje, y eso es lo que alentó el modelo neoliberal.
Fueron los gobiernos del PRI y el PAN los que establecieron un Narcoestado, si bien es cierto que AMLO, en su estrategia de pacificación y de atacar las causas más que de reprimir las expresiones de la delincuencia, no ha podido ni querido erradicar a organizaciones que desde hace años operan en el país como estructuras paramilitares.
Se trata de poderes fácticos muy enraizados en la sociedad, la política y la economía mexicana, al grado que son verdaderas trasnacionales del dinero negro. Fabrican drogas, trafican con ellas y lavan sus ganancias en el sistema bancario de paraísos fiscales y de los propios países consumidores, empezando por Estados Unidos.
ADMINISTRAR EL PROBLEMA
Las ganancias que genera este comercio ilícito son tan grandes que alcanzan para corromper a las fuerzas armadas, las policías y los funcionarios de justicia de todas las naciones donde esos carteles tienen presencia.
No obstante, sería ingenuo pensar que los capos mexicanos controlan el negocio. Y más cándido asumir que la DEA se dedica a combatir y no a administrar –hasta por seguridad nacional– el insumo de sustancias que tienen amplísima demanda en la población norteamericana.
Felipe Calderón fue el narcopresidente que se robó la elección y se sostuvo con el apoyo de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Espía, policía político y asesino del sistema, el entonces director de la AFI aprovechó sus nexos con las agencias de seguridad de EEUU para –mediante el falso testimonio de uno de sus protegidos– convencer a la DEA de abrir una investigación contra la campaña de AMLO en 2006 por una supuesta aportación de dos millones de dólares por parte de uno de esos carteles. El expediente fue cerrado años después por falta de evidencias.
UNA HISTORIA DE TERROR
La estrategia de lawfare o guerra judicial con la que buscarían desaforar a López Obrador o anular la candidatura de Sheinbaum, ha seguido una narrativa bien articulada:
Primero, el conductor de Univisión, Jorge Ramos, quiso sembrar en la mañanera la noción de que la violencia en el país es imparable.
Luego, tres periodistas (Tim Golden en ProPublica, Steven Dudley en InSight Crime y Anabel Hernández en su columna de la Deutsche Welle), al mismo tiempo y con ligeras variantes difundieron una investigación de la DEA sobre la primera campaña presidencial de López Obrador, como si esa carpeta nunca hubiera sido archivada.
Seguidamente, un ejército de trolls y granjas de bots trataron de crear una tendencia en las redes con las etiquetas #Narcopresidente y #Narcocandidata.
El español Julián Macías, de Pandemia Digital, descubrió esta operación detectando los errores de dedo que, de un mensaje original, se multiplicaban por millones gracias a cuentas falsas (es decir, que no pertenecen a usuarios reales) en las redes sociales.
Macías pudo rastrear el financiamiento de esta campaña hasta fundaciones asociadas a la Red Atlas, “una organización sin ánimo de lucro, con sede en los Estados Unidos, que según sus propios estatutos tiene como objetivo promover políticas económicas de libre mercado en todo el mundo”, cita Wikipedia.
Más tarde, LatinUs presentó el supuesto testimonio de un líder criminal (hermano de un político que fue alcalde y dos veces diputado local por el PRD en Guerrero), asegurando que otra organización criminal les entregó dinero a colaboradores de López Obrador.
Esos exmilitares de élite eran entonces, según el periodista Francisco Cruz, el brazo armado del cartel enemigo del grupo que mencionaba la DEA en su filtración. Pero Carlos Loret de Mola no atendió al contexto histórico, en el afán de fabricar una prueba contundente para el fallido reportaje coordinado.
Finalmente, The New York Times publicó un reportaje (tan tramposo como el material que difundieron los otros tres medios extranjeros) sobre supuestas entregas de dinero del narco a colaboradores y familiares de AMLO, ya en este sexenio.
PERIODISMO TRAMPOSO
Así como los editores de ProPublica se curaron en salud preguntando, en vez de afirmar: ‘¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente Mexicano López Obrador?’; con la misma astucia, el NYT cabeceó: ‘EE. UU. indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México’, aludiendo a personas tan cercanas a AMLO como sus propios hijos.
Igual que las anteriores, la nota envenenada del diario estadounidense contiene su propio antídoto: “…aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas” (las negritas son mías).
Cuando el NYT pidió a AMLO su postura sobre el reportaje, le aclararon que esta otra supuesta investigación de la DEA también fue cerrada, aparentemente, para no generar un conflicto diplomático como el que se dio tras la captura del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto. Según el diario, funcionarios de EEUU dijeron que su gobierno tenía poco interés en acusar al mandatario mexicano por presuntos nexos con el narco y cerraron la investigación.
A la crítica de AMLO que lo llamó “pasquín inmundo”, el NYT respondió con un reclamo porque en la mañanera de Palacio Nacional, al mostrar la carta que le mandó la oficina en México pidiéndole una declaración, ‘sin querer queriendo’ el mandatario divulgó el número telefónico de la corresponsal Natalie Kitroeff.
Según el CJP (Comité de Protección a Periodistas) eso pone en riesgo a la corresponsal. Y, en espera de una denuncia, el INAI inició de oficio una investigación contra el presidente por revelar datos personales.
PROTECCIÓN DE DATOS
Esta nueva oportunidad de culpar al mandatario por el acoso a la prensa continúa la narrativa de que hay juego sucio en la comunicación social de la Presidencia de la República. Es un relato cuyo capítulo anterior consistió en la filtración de los datos personales de los reporteros que han acudido a la mañanera. Curiosamente, los hackers no exhibieron la información de comunicadores, como Jorge Ramos, que trabajan para medios estadounidenses.
Tras admitir que “falló la seguridad” cibernética pues, desde España, los piratas informáticos usaron una contraseña vieja para acceder a la base de datos, AMLO contratacó diciendo: “Es guerra sucia, es espionaje”. Y quiso tranquilizar a los reporteros de la fuente enfatizando que: “No tenemos nosotros ningún afán autoritario. Sí se cuidan los datos, pero los hackeos se dan”.
En esa misma línea argumentativa de que el presidente acosa a la prensa, se dio antes el reproche por la revelación de los ingresos y bienes de informadores como Carlos Loret de Mola.
Y, al inicio del sexenio, los reclamos de diversas organizaciones por la estigmatización de las tareas informativas y de opinión, implícita en la réplica que en las mañaneras AMLO ejerce como derecho frente a los señalamientos de los medios.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que agrupa a los editores (dueños de periódicos), pero también organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o Artículo 19 quisieron encontrar en este estigma las causas de las agresiones a periodistas en México, que ha sido con anterioridad a este gobierno uno de los países donde –sin haber guerra– es más peligroso practicar el oficio.
Esa misma interpretación le dieron algunos medios al atentado contra Ciro Gómez Leyva. Sostenían los teóricos de la conspiración que al conductor de Radiofórmula e Imagen Televisión lo agredieron porque el presidente lo señala continuamente. Pero ya no profundizaron en el tema cuando la investigación por tentativa de homicidio concluyó, y hubo detenidos.
No le perdonan al presidente el tono burlón con el que responde a sus detractores. Genio y figura, en la siguiente conferencia de prensa López Obrador propuso una solución práctica a la vulneración de la privacidad de Kitroeff: ¡que cambie de número!
UN PELIGRO PARA MÉXICO
No será la última embestida de propaganda negra contra el presidente y su candidata. Cuando no es posible lograr el objetivo de deponer a un gobierno mediante el golpe judicial, se suple con ataques mediáticos bajo la máxima de que ‘cuando la calumnia no mancha, tizna’.
En 2006, la campaña negra sirvió para crear el mito de que Calderón había alcanzado en las preferencias electorales al puntero López Obrador, rebasándolo al final por medio punto porcentual gracias a la eficacia del mote de ‘un peligro para México’, y al argumento de que Andrés Manuel les había faltado el respeto a las instituciones al espetarle al presidente Fox su “¡cállate, chachalaca!” Con base en esa ficción, falsificaron el triunfo del panista mediante un fraude electoral.
Dieciocho años después, es improbable que una operación similar consiga impulsar a Xóchitl Gálvez. Pero a los sectores de Estados Unidos que apoyan a la derecha mexicana, eso no les preocupa. Se conforman con crear una inestabilidad que complique el traspaso del poder y mueva a Claudia Sheinbaum a correrse a la derecha en su discurso, a proclamar su ruptura con López Obrador y a garantizar, por ejemplo a las empresas que se han visto afectadas por una recuperada rectoría del Estado en materia energética, condiciones para que sigan haciendo negocios millonarios en México.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com