En su portada del número 682 (domingo 23 de febrero de 2020), la revista Contralínea que dirige Miguel Badillo afirma que, en el sexenio pasado, conocidos periodistas vendían opiniones y entrevistas en prensa, radio, televisión o internet.
Así lo revela el expediente de 780 fojas que la Presidencia de la República entregó a la reportera Nancy Flores, tras una solicitud de información pública. La carpeta incluye contratos, escrituras públicas, datos fiscales y tarifarios de 43 empresas de columnistas y conductores que tenía convenios publicitarios con la administración de Peña Nieto.
Entrevistada por Julio Hernández López en su espacio de Julio Astillero en La Octava, el lunes 24 de febrero (https://www.youtube.com/watch?v=51TGa80GcyM), Nancy Flores comentó que se trata de la primera de lo que deberían ser en realidad 43 partes, porque cada empresa involucrada merece un reportaje:
El expediente fue desclasificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y entregado por la Presidencia después de un largo proceso. “Llevamos la solicitud pero, como se agotaban los tiempos y no entregaban la información, nos fuimos al recurso de revisión”.
Y aunque finalmente el INAI decidió que esa información debe ser pública, “creo que no es toda la documentación que tiene la Presidencia, se han guardado cosas”. El vocero Jesús Ramírez habló en una entrevista con Contralínea de cajas enteras, pero les entregó un legajo un poco más grueso que un paquete de 500 hojas de papelería, ilustra Nancy Flores.
LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL
Contralínea investigó el historial fiscal de las 43 empresas, e incluso las estadísticas de Google Analytics: no las visitas que dicen tener los medios, sino las que realmente contabiliza el buscador.
“Empezamos con cuatro compañías ligadas al periodista Joaquín López Dóriga. Una, Ankla Comunicación, dejó de existir hace año y medio pero destaca por la venta de espacios comerciales”.
El mecanismo le parece a la reportera muy relevante, porque “la sociedad tiene derecho a saber qué es lo que estamos consumiendo como audiencia”. Como muchos otros periodistas, Joaquín comercializa su página personal (lopezdoriga.com) y “también sus espacios en radio”.
Para Julio Astillero, el problema no son los convenios de publicidad entre una empresa y el Estado, para la natural exposición de los programas de gobierno pues eso está presupuestado a nivel federal, estatal o municipal. El problema es cuando los medios venden las opiniones que se supone que son personales y las entrevistas que se entiende son de interés periodístico.
Nancy Flores coincide: el problema es la discrecionalidad y opacidad con la que se otorgan este tipo de recursos. Hablamos de un problema ético cuando se venden los contenidos, porque cuando se emite una opinión y el comentario está financiado dicho patrocinio incide en lo que el conductor dice.
“Aún en este nuevo gobierno hay discrecionalidad, y por supuesto la hubo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esos 43 contratos revelan que se gastaron más de 62 mil millones de pesos en propaganda, en publicidad y también en comprar contenidos. Eso es lo que como sociedad tenemos que revisar”, enfatiza Flores.
INTOXICACIÓN MEDIÁTICA
La reportera cita el libro La explosión del periodismo: Internet pone en jaque a los medios tradicionales (Ediciones desde Abajo-Le Monde Diplomatique, 2011), donde Ignacio Ramonet aborda precisamente estas campañas de intoxicación mediática donde los medios abiertamente publican mentiras (fake news) en algunos casos y, en otros, propaganda disfrazada de publicidad.
“En México también se hacen estas campañas de intoxicación, los medios y periodistas participan de ellas. Es importante por eso seguirle la pista a las informaciones, investigar a profundidad estas relaciones comerciales pero también las relaciones informativas porque, al final, se hacían pasar por informaciones muchas cosas que en realidad eran propaganda o, en algunos casos, podría ser hasta mentiras.
“El reportaje demuestra la venta específica de opiniones insertadas en programas que aparentaban ser informativos, lo mismo que la venta de conferencias de López Dóriga o la venta de los mensajes que se transmiten en redes sociales, como es el caso de Óscar Mario Beteta”, resume Nancy Flores.
VIOLENCIA VERBAL
Pedir una entrevista a Beteta para contrastar la información, fue lo que derivó en la llamada donde el conductor de Radio Fórmula espetó a Nancy Flores su lamentable: “¡Cállese, vieja pendeja!”
Lo que López Dóriga ofertaba, dice textualmente su tarifario o media kit –como se le conoce en el argot de los medios–, son comentarios o cápsulas dentro de los espacios noticiosos de Óscar Mario Beteta, Ciro Gómez Leyva y el propio programa radiofónico de Joaquín en Grupo Fórmula, que se transmite de las 13:30 a las 15:30 horas. Esas cápsulas costaban 147 mil pesos, más IVA.
También ofrecía controles remotos –transmisiones en directo desde otra ciudad– a millón y medio de pesos si acudía López Dóriga solo. Pero si viajaba la mesa de periodistas de los miércoles completa (formada por el encuestólogo Roy Campos, el asesor de imagen y actor René Casados y el columnista José Fonseca), la tarifa se elevaba a un millón 800 mil pesos porque ellos cobraban una parte de esos honorarios. En ocasiones se contrataba una semana de transmisiones, lo que supone un gasto importante para un estado o municipio.
Joaquín cobraba así mismo 35 mil dólares más IVA por una conferencia magistral, sobre temas actuales del interés de quien lo contrataba.
CONFLICTO DE INTERÉS
“Es importante fiscalizar estos recursos porque son del pueblo mexicano, no son recursos patrimoniales de los gobernantes, se trata de un recurso de la nación”, reitera Nancy Flores.
Sin embargo, para los periodistas involucrados la comercialización era una práctica normalizada. La agente de ventas de López Dóriga, Teresa Pérez Romo, reconoció los servicios y la cotización que revelan los documentos “como si no hubiera detrás un tema ético”.
Flores adelanta que, en las siguientes partes del reportaje, Contralínea abordará esta cuestión a través de entrevistas con expertos en transparencia, rendición de cuentas y en derecho a la información, quienes hablan de los conflictos éticos y de interés que existen cuando los periodistas “se convierten en empresarios y venden sus opiniones o venden sus contenidos; cuando se prestan a este juego supuestamente informativo que, al final, acaba produciendo una intoxicación mediática”.
De las 43 empresas de las que existen registros públicos, cuatro son periodistas que a título personal, como personas físicas, facturaban la comercialización de sus espacios en medios electrónicos.
Otro caso que Flores destaca es el de la locutora y empresaria Martha Debayle, quien vendía “entrevistas de contenido” en 150 mil pesos; las menciones de 60 segundos dentro de su programa radiofónico (donde presume tener 140 mil escuchas) en 35 mil pesos; y la cortinilla de entrada o salida (“…presenta” o “…presentó”) en su podcast de ITunes (donde calcula que tiene cuatro millones de descargas al mes) en 65 mil pesos. También ofrece colocar contenidos en redes sociales.
PUBLICIDAD CARA
La investigación de Contralínea evidenció la desproporción de las tarifas que se pagan en la publicidad oficial: con banners en 800 mil pesos mensuales, aunque un medio tenga muchísimas visitas es un gasto público excesivo. Por otra parte, es muy importante seguir la ruta del dinero.
Al margen de la agresión verbal que sufrió por parte de Óscar Mario Beteta, en Contralínea Nancy Flores y Miguel Badillo han tenido reuniones con abogados para prepararse ante posibles demandas. La postura jurídica es que si se trata de un expediente desclasificado por el INAI, la información es prácticamente pública. Como ya fue divulgada, a cualquier persona que la solicite se la van a entregar porque el derecho a la información es un derecho humano.
Por lo demás, muchas falencias en este tipo de investigaciones tienen que ver con el lenguaje que se emplea. Entonces, hay que cuidarlo mucho. No calificar a cierto tipo de periodismo, como sí lo hizo el Presidente al llamarla prensa fifí. El papel del reportero no es juzgar y condenar, sino mostrar las evidencias y que el lector valore, apunta Nancy Flores.
A las críticas que le han hecho al reportaje respecto a que ya se sabía que se comercializaban los espacios, la novedad que aporta Contralínea es en cuánto se vendían los mensajes. Y, sobre todo, mostrar cómo algunos mensajes muy virulentos en ciertas coyunturas políticas tuvieron detrás un financiamiento.
Y concluye la reportera: es importante que todo el gasto en publicidad oficial se transparente, para que ya no se use para premiar o castigar a los medios. Porque hasta la fecha sigue habiendo un uso discrecional de ese recurso.
A ningún gobernante le ha convenido legislar esta parte. Ni siquiera al Congreso porque el propio Legislativo usa discrecionalmente su presupuesto para publicidad y propaganda. Tampoco les interesa a los medios, a los que se les conoce como cuarto poder porque son un poder fáctico y entre ellos se protegen.
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