Se anuncian para la segunda mitad del mes una serie de “foros con participación ciudadana ante la operación de la Guardia Nacional”, a celebrarse en distintos puntos del estado: Colima, Tecomán y Manzanillo.
La consulta parece tardía en términos de la existencia misma de la Guardia Nacional que ya fue aprobada por el Constituyente, y del nombre que recibió la corporación cuando pudo haber sido Guardia Civil, Policía Nacional, Gendarmería Federal o cualquier otro.
Sin embargo, los foros resultan oportunos en el marco de la discusión sobre los reglamentos de esta fuerza naciente, que hasta ahora ha venido organizando sus acciones y justificando sus operaciones con base en la normatividad existente para regular a las policías militar, naval y federal que la componen.
Como corporación policial, la Guardia Nacional responde a una tradición castrense reconocible en otras fuerzas de seguridad en el mundo: desde la Guardia Civil española, hasta el Arma de Carabineros italiana, pasando por la Gendarmería Nacional francesa. Pero choca, claro, con una agenda internacional civilista que en el afán de garantizar los derechos humanos desalienta el uso de militares en tareas de paz.
Lo que sólo el gobierno de Felipe Calderón se atrevió a reconocer es que los actuales no son tiempos de paz. Estamos inmersos en una guerra entre el Estado y la delincuencia organizada. Y, en vastas regiones del país, entre la criminalidad (con o sin la policía municipal de su lado) y la sociedad civil armada en autodefensas.
El problema del segundo mandatario panista es que no usó al Ejército y la Marina para restaurar el orden público, sino como parte de una campaña de terrorismo de Estado en la que el Gobierno combatía frontalmente sólo a unos grupos criminales, para cumplir con los compromisos financieros y estratégicos que tenía con Estados Unidos en el contexto de la guerra contra las drogas.
Como efecto no buscado, aunque se pueda inferir que fue intencional, esta estrategia acabó fortaleciendo a otros carteles del narcotráfico. El resultado es que el Gobierno federal terminó entregando el control de regiones enteras del país a auténticos señores de la guerra.
EL ARTE DE MATAR
Ayotzinapa es el ejemplo macabro de que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad puede resultar en crímenes de lesa humanidad. El arte del soldado es matar, dice el clásico; no aprehender o someter sin rudeza.
Por eso, el gran desafío de la Guardia Nacional es contener a los grupos delincuenciales sin violentar los derechos humanos de los presuntos delincuentes ni los de la población civil que, en varios momentos de la historia reciente, terminó atrapada entre dos fuegos por la insensibilidad de gobernantes que veían a estas víctimas inocentes como “daños colaterales”.
Encargar a la Secretaría de la Defensa Nacional la disciplina, la organización y el régimen interno de la Guardia Nacional, no obstante que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana tendrá el mando, molestó a los activistas de los derechos humanos, incluso a aquellos que hicieron campaña por López Obrador desde mucho antes de 2018, como José Francisco Gallardo Rodríguez.
Con una elocuencia que nunca le vimos como candidato de Morena a la gubernatura de Colima, Gallardo ha criticado acremente al presidente López Obrador por haber cedido a las presiones del Ejército para militarizar la Guardia Nacional.
HARÁ FALTA UN OMBUDSMAN
Gallardo es un galardonado caballista de salto quien perdió su estrella de general tras salir de la cárcel militar, donde estuvo diez años por una acusación aparentemente infundada que, en realidad, escondía una venganza del alto mando por haber exigido la creación de un ombudsman para las fuerzas armadas.
Como abogado, Gallardo ve en la presencia castrense un rasgo de la naturaleza represiva de la Guardia Nacional.
Los voceros del régimen de la 4T insisten en que los miembros de la nueva corporación serán capacitados en materia de derechos humanos, y sus acciones vigiladas por organismos multilaterales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Mientras que estudiosos del tema de seguridad celebran que la nueva corporación tenga la destreza operativa y el poder de fuego para hacer frente a esos grupos delincuenciales que están fuertemente armados, y que para colmo han sido capacitados en tareas de combate por grupo de élite desertados del Ejército mexicano, así como por ex militares de diferentes países.
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