Hace más de 15 años, luego de la calificarse la elección extraordinaria de 2003, el entonces coordinador de la defensa jurídica del PRI, Héctor Michel Camarena, tío de Mario Delgado Carrillo, actual coordinador de los diputados de MORENA en la Cámara de Diputados federal, era uno de los principales acusadores de María Elena Adriana Ruiz Visfocri, tanto en los tribunales como en medios de comunicación. La señalaba de haber violado la ley, pues en su carácter de magistrada del Tribunal Electoral del Estado, había presentado para firmar a los entonces también magistrados Roberto Cárdenas Merín y Gonzalo Flores Andrade, un documento totalmente distinto al que previamente habían votado. La diferencia implicaba un “pequeño” cambio: la nulidad de la elección en el municipio de Tecomán y con ello que el aspirante panista Antonio Morales de la Peña, diera la vuelva a los resultados y se situara por encima del candidato ganador, Gustavo Alberto Vázquez Montes.
Este antecedente que alcanzó una gran intensidad que se prolongó durante varios meses, terminó por etiquetar a Ruiz Visfocri y a su futura trayectoria como anti priista. El PRI siempre protestó sus posibles incursiones en el servicio público, particularmente cuando participó en el Consejo Local del entonces IFE. Sin dejar de reconocer la experiencia, capacidad, preparación, conocimiento del derecho, e incluso la necesidad de tener un ombudsman con un perfil como el suyo, como consecuencia de aquella participación en el Tribunal Electoral del Estado y de su evidente cercanía con el PAN, María Elena Adriana Ruiz Visfocri construyó la imagen sobre el cómo fue y es vista desde el poder estatal y en consecuencia por los priistas y muchos de sus aliados.
Pero bueno, enfocándonos en los sucesos acontecidos en el Poder Legislativo, lo que vimos recientemente en el Congreso del Estado, no es más que la repetición de la misma historia que ha marcado el sello de la actual legislatura: la existencia de una mayoría menguada desde el inicio, carente de liderazgo, congruencia y unidad, pero gravemente expuesta a fragmentarse una y otra vez beneficiando con ello a los intereses del grupo del gobernador. Y no es que Vladimir Parra sea el único responsable de que al grupo legislativo de la 4T no le salgan bien las cosas, sino que la problemática se remonta a la integración de las candidaturas, el establecimiento de las alianzas previo al 2018 y a prevalencia de escasos elementos e intereses en común entre los distintos bloques de legisladores.
Esto explica las deserciones iniciales, los presuntos acuerdos establecidos entre algunos legisladores y el gobierno estatal, e incluso el que a veces resulte un verdadero albur el saber el resultado de cada votación, porque se ignora el sentido que algunos diputados podrían dar a su voto. La inexperiencia en materia de operación política al momento de elegir al ombudsman, propició por un lado que el bloque de la 4T comprara la idea de Movimiento Ciudadano, de respaldar a Ruiz Visfocri, que de primera mano resultó una carta muy atractiva porque representaba un contrapeso real al gobernador y sus aliados en el poder estatal.
En un proceso que parecía terso y bajo control, finalmente trascendió que el dictamen elaborado por las comisiones evaluadoras había sido modificado, esto al retirar de la terna a uno de los aspirantes que habían obtenido calificación de 100, Roberto Ramírez, hijo del ex ombudsman Roberto Chapula de la Mora, para incorporar en su lugar a María Elena Adriana Ruiz Visfocri. Esta falta de criterio o desaseo aparente se convirtió en el pretexto ideal para que algunos legisladores no respaldaran la propuesta abanderada por Vladimir Parra, y que al parecer tuvo su origen al interior del partido Movimiento Ciudadano.
Es un tanto paradójico que cuando la 4T necesita aprobar algo importante en el Congreso del Estado, los asuntos suelen avanzar a paso lento, se estancan, se aprueban con un gran desgaste –como el descuento universal en el transporte a estudiantes-, o son rechazados, como acaba de suceder. Lo curioso es que en los asuntos que son de trascendencia vital para el poder ejecutivo, este nunca encuentra obstáculo que se interponga en su aprobación, como ha sucedido con la cuenta pública, el presupuesto y las tareas fiscalizadoras que se supone deben realizar los diputados locales.
Apenas este martes 3 de septiembre en una rueda de prensa, los legisladores Luis Fernando Escamilla, Miguel Ángel Sánchez, Carlos César Farías, Martha Meza y Alma Lizeth Anaya, denunciaron supuestos intentos de Vladimir Parra por comprar sus votos con ofrecimientos de hasta 300 mil pesos. Lo más relevante de esta argumentación, que más bien parece surgida del escritorio de un funcionario de tercer nivel de la secretaría general de gobierno, es que fragmenta todavía más del bloque de la 4T en el Congreso del Estado. Por cierto, si el diputado Miguel Ángel Sánchez, Fernando Escamilla y compañía, no denuncian formalmente a Vladimir por los señalamientos vertidos ante los medios de comunicación, y aportan las pruebas que sustenten sus dichos, habrán hecho el ridículo de su vida.
La ruta por demás sinuosa del nombramiento del titular de la CDHEC, debería llevar a la 4T a reflexionar sobre quienes han sido los que han obtenido los mayores réditos políticos y legislativos, y qué es lo que en consecuencia harán para que la mayoría que representan sus diputados funcione como tal, no se fragmente por los proyectos educativos del PT, y tenga en los hechos el peso que le corresponde, no el que le dejen el gobernador, el PRI y hasta las circunstancias. También los diputados de la 4T tendrán que realizar un buen estudio jurídico al momento de retomar la renovación de la CDHEC, sobre todo si nuevamente pretenden presentar como su carta fuerte a María Elena Adriana Ruiz Visfocri.
Amarrando Navajas
+LOS CENDIS Y EL PROYECTO POLÍTICO DE JOEL PADILLA. La autorización de recursos para los CENDIS que opera el Partido del Trabajo, difícilmente puede ser vista como argumento para entender por qué el diputado Carlos César Farías se abstuvo de votar a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri. O ¿será que a nivel federal la 4T aceptó que la administración de Ignacio Peralta retuviera, por no decir jineteara, por algunas semanas los recursos autorizados para los CENDIS?
+Lo que sí puede ser tomado en cuenta como un argumento son las asperezas constantes entre Indira Vizcaíno y el senador Joel Padilla, acrecentadas en los últimos días debido a que estudiantes de la Universidad José Martí no fueron considerados para unas becas que otorga el gobierno federal y que en el estado administra o gestiona la citada coordinadora general de programas de desarrollo social.
+Por cierto, la autorización de recursos para los CENDIS es una contradicción más del presidente López Obrador, que en febrero pasado anunció que ya no habría más dinero para financiar los proyectos educativos impulsados por el Partido del Trabajo. Pese a esta promesa y los cambios anunciados por el nuevo gobierno en materia de transparencia, eliminación de privilegios y austeridad, la secretaría de educación del gobierno federal, entregó vía los gobiernos estatales más de 800 millones de pesos para 14 centros educativos que se ubican en varios estados del país.
+Dentro de tal contradicción, lo bueno de esto es que por fin hubo certidumbre para los padres de familia y menores que son atendidos en dichos centros, así como para los trabajadores que resistieron más de ocho meses sin cobrar salarios.
+ ¿Apoyaría la 4T con recursos millonarios a un proyecto educativo privado auspiciado por el PAN, el PRI o el PVEM? Entonces, ¿por qué un gobierno federal que se jacta de haber llegado a poner orden, no toma la batuta de estas instituciones y las incorpora al sistema educativo federalizado? No se trata de dejar menores sin la oportunidad de continuar con su formación, de sembrar incertidumbre laboral despidiendo docentes o ahorcando financieramente a los CENDIS, y en consecuencia a quienes ahí se desempeñan. El objetivo debe ser que la educación ya no se use como bandera política, como moneda de cambio, o bastión proselitista del PT o de cualquier otro partido, sobre todo porque estos proyectos educativos se costean con dinero de los impuestos de todos y el beneficio no debe ser capitalizado por intermediarios.
+En términos estrictamente políticos, ¿qué quedaría del PT si el gobierno federal tomara las riendas de las instituciones educativas que administra este partido? ¿Joel Padilla tendría razones y argumentos para poner en jaque decisiones del Congreso del Estado y hacerle la guerra a la representante del gobierno de AMLO en Colima? Es pregunta.
+DESESPERADO y angustiado retrataron los medios de comunicación al gobernador José Ignacio Peralta durante el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su Primer Informe de Gobierno. El mandatario estatal confirmó lo dicho días antes, en el sentido del terror que generan en su persona las “mañaneras” del primer mandatario del país. Quizás el temor tiene su origen en la posibilidad de ser abucheado cada vez que se presenta, por cualquier motivo, ante más de 100 personas. ¿Tendrá terror por la cercanía del Grito de Independencia?