Regresa el tema de qué hacer con los valiosos terrenos de la Calzada Galván que ocupó la Zona Militar y que fueran desocupados a raíz de la mudanza a su nueva sede. Ayer, el diputado Vladimir Parra apuntaba que ese espacio debe recuperarse para el pueblo y debe realizarse una consulta popular para que la sociedad en su conjunto determine el destino de ese predio. La necesidad de realizar esa consulta deriva de que el Comité que se integró hace unos meses por iniciativa del gobernador Peralta, no representa del todo los intereses de los colimenses, según el dicho del diputado Parra.
Y tiene razón el Diputado. CON SAL Y LIMÓN había planteado en su oportunidad que el nombrado era un Comité a modo. Y esa afirmación se puede sostener hasta el día de hoy. Colima y en general México viven nuevos tiempos y los ciudadanos exigimos ser escuchados por nuestros gobernantes y por nuestros representantes previo a la toma de decisiones. Y eso es así, por la incapacidad que muchos de ellos muestran cuando se trata de entender el sentir de sus gobernados y representados. Eso es así, sobre todo cuando se trata de esos tecnócratas, malolientes ya, que no logran conectar con el pueblo y sólo son capaces de pensar en aquéllos negocios que puedan incrementar el peso y los pesos de sus bolsillos.
Se alega, por parte de ellos, el costo de mantener áreas recreativas y claro, hacerlo, no resulta barato. Sobre todo, si se pretende inflar los costos para derivar recursos para otros fines (esa es una canción que hemos oído muchas veces). Con ese argumento fue que se concesionó el otrora Parque Regional Metropolitano cuando se transformó. Pero no cabe duda que tenemos un gobierno generoso en contradicciones porque también adquirió el predio La Campana en La Villa, para destinarlo al disfrute de la población o al menos, eso se afirmó cuando se intentaba justificar el negocio que significó su adquisición. Y esas son, precisamente, algunas de las manchas del actual gobierno, que no ha logrado justificar o explicar de manera convincente, simplemente porque se oculta la verdad.
Los colimenses en general queremos que esos terrenos respondan al interés general. Proyectos o ideas hay muchos y puede haber muchos más, pero no deseamos ser despojados de un terreno excepcional por su ubicación y por sus viejos árboles, queremos que la Ciudad sea cada vez más habitable y amigable con la naturaleza y por supuesto, no consentimos que otro bien público, es decir, de todos los colimenses, sea objeto de más negocios turbios.
Está claro que se requieren espacios para albergar nuevas oficinas que ocupe una burocracia creciente y a veces, de dudosa utilidad, pero comprobable costo. Está claro que se requiere de un espacio que otorgue acomodo a las nuevas oficinas del ISSSTE. Están claras las condiciones cada vez menos deseables de los Palacios Legislativo y de Justicia. Y están claras también las ¿necesidades? de especulación de muchos colimenses y que por supuesto, estos terrenos cumplirían con las expectativas de muchos desarrolladores y de muchos ¿inversionistas? potenciales. No están claras, sin embargo, las necesidades de contar con más locales comerciales cuando nunca han podido llenarse Zentralia y otros centros comerciales, el centro está cada vez más vacío y abundan los locales en venta o renta por toda la zona conurbada. Tampoco quedan claras las necesidades de nuevas viviendas, porque también hay casas en venta o renta distribuidas por toda la mancha urbana.
Los costos de mantenimiento de las áreas verdes y recreativas que seguramente alegará otra vez el Ejecutivo estatal, no tienen justificación alguna y sí la tienen, es solo en una retorcida mentalidad tecnocrática que no merecería otro calificativo que el de imbécil. Bajo esa lógica, habría que privatizar diferentes predios: La Campana, por supuesto, pero además El Rodeo, El Parque Hidalgo, Los Jardines Núñez, de La Concordia, de La Soledad, de Los Borrachos, de San José, de San Francisco, de La Libertad y todos los que vengan a la mente de los pocos lectores de esta columna. Y eso, que ni se atrevan a proponerlo, porque las reacciones se producirían de inmediato. Y que tampoco propongan construir oficinas gubernamentales en vez de esos espacios.
Para cubrir las necesidades existentes o futuras, se tienen predios de propiedad gubernamental y si no cumplen los requisitos (por tamaño) habrá que realizar operaciones de permuta o de compra-venta (y deben ser transparentes, que ya los conocemos). Un buen lugar para el Palacio de Justicia, por ejemplo, pudiera ser el que se ubica a un lado de la Central de los Rojos, que hace algunos años se otorgó en donación al Hospital Puerta de Hierro y posteriormente se revirtió. Y así, se podría encontrar destino para más de un predio público que ahora se encuentra baldío o mal aprovechado. Las oficinas gubernamentales no necesariamente deben ubicarse en predios con ubicación privilegiada, sino usarse para que los edificios gubernamentales permitan detonar algunas otras áreas urbanas y porque la necesidad de llevar algunos servicios a los burócratas, pudiera permear en servicios para los habitantes de algunas zonas marginadas o deprimidas.
¿Y por qué todas las oficinas gubernamentales han de ubicarse en la ciudad de Colima? Más de una pudiera situarse en otros municipios (el Estado tiene diez, por si algún burócrata lo ignora). Y no me refiero solo a que pudieran reubicarse oficinas del Gobierno del Estado sino también a algunas federales (Hace casi un cuarto de siglo, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario ubicó sus oficinas estatales en Comala y tuvo éxito). También convendría detonar otras poblaciones. Por otro lado, convendría que el Ejecutivo Estatal pensara más allá de los negocios y de los intereses de sus funcionarios y de sus aliados. Habría que entender ese concepto de interés general, pervertido por los panuchos, al intentar transformarlo en bien común.
Como vemos, el Ejecutivo Estatal no logra ubicarse en el tiempo ni en sus circunstancias.
Es todo. Nos encontraremos pronto. Tengan feliz semana.