Una vez que el senador Monreal hizo pública su iniciativa con la que pretende regular las redes sociales de internet, ¿cuál es el punto de vista del Ejecutivo federal?, preguntan los conductores del noticiero Momentum de Rompeviento TV, Ernesto Ledesma y Alberto Nájar, al coordinador de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.
“Toda intención de preservar o buscar un equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos ciudadanos, es bienvenida. La iniciativa abre un debate, pero no puede ser un gobierno quien regule los contenidos de las redes ni del internet. Tampoco pueden quedar sujetos a los criterios empresariales de las plataformas y proveedores de servicios de internet.
“Tiene que haber un equilibrio para salvaguardar los derechos de los ciudadanos a su libertad y acceso a las redes; sus derechos a distribuir y recibir libremente información.
“Esto no ocurre hoy en día. Hay criterios de carácter tecnológico y algoritmos con los que se mueven las redes sociales. No hay una libre circulación realmente, aunque haya una libre compartición de los contenidos. Una persona que tiene un perfil de Facebook no puede llegar a todos los que tienen Facebook: llega a sus seguidores y, sólo si esos comparten, llega a otros lados.“Ese tráfico tiene que ser transparente y a favor de la transparencia. Pedimos que las empresas transparenten sus criterios y que el Estado garantice un libre acceso a la red: tanto a la distribución como al consumo de contenidos.”
El Estado debe garantizar la neutralidad de la red y, sobre todo, la libre circulación de contenidos en internet, sostiene Ramírez Cuevas en ‘¿Cómo tendrían que regularse las redes sociales?’, entrevista transmitida el 13 de febrero de 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=3YS1vbguRls) en el noticiero que producen Rompeviento TV y Pie de Página.
LIBERTAD ABSOLUTA
El senador Monreal plantea también conceder un importante papel regulador al Ifetel, uno de los órganos autónomos a los que el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha reprochado ser unidades desconcentradas que chupan recursos del erario, cuando podrían ser absorbidas por otra instancia gubernamental, dice Ledesma. Monreal también le apunta a los dueños de las empresas, porque no tributan:
En opinión de Ramírez Cuevas, “el presidente de la república y el gobierno de México están en contra de regular los contenidos de las redes por parte de cualquier agente privado o público. Debe haber libre circulación y debe ser la propia sociedad, los ciudadanos, quienes califiquen o descalifiquen la información y las opiniones que circulan”.
“Aun con las campañas de odio, es preferible la libre expresión a la censura. Este gobierno es partidario de la libertad absoluta. En todo caso, de un equilibrio a través de los mismos contenidos”. Eso se logrará educándonos digitalmente y desarrollando criterios.
“El presidente ha sostenido que los medios se regulan con los medios, y así debe suceder con las redes. Ahora bien, eso es muy distinto a las noticias falsas, a los contenidos que no tienen una confirmación o que, realmente, son contenidos que buscan desinformar. Eso sí es importante regularlo.
“Si hacemos una lista de las noticias falsas que publican semanalmente los medios convencionales, vale preguntarse cómo no caer en la censura si los propios medios tradicionales están publicando información dolosa, que no sólo es inexacta sino mentiras deliberadas. No podemos caer en la tentación de censurar, pero sí es más importante garantizar los derechos a la libre circulación.
“Por otro lado, es verdad que muchas aplicaciones de internet no pagan impuestos. Los servicios de reparto de alimentos o mensajería o los taxis por aplicación, por ejemplo, no tributan. En la misma circunstancia se encuentran plataformas como Facebook o Twitter que, por tener sus matrices fuera del país, no pagan impuestos locales. Son globales, pero sí cobran dinero local. En ese sentido, tiene que regularse el pago de impuestos por publicidad a nivel local”, desglosa Ramírez Cuevas.
FALTA TRANSPARENCIA
¿Qué significa garantizar la neutralidad de internet?, le preguntan al coordinador de Comunicación Social de Palacio Nacional.
“Hay que hacer transparentes los criterios con los que funcionan los robots que leen la información y colocan los vínculos cuando se hace una búsqueda. No son transparentes para los usuarios cuáles son las palabras clave o cómo se coloca la información. De todo eso debe tener claridad el ciudadano: es un aprendizaje digital, son nuevos conocimientos que debe uno tener para acceder a la información, porque hasta ahora han sido los robots los que seleccionan automáticamente la información, y se colocan los contenidos en función de criterios que la gente no conoce.
“Como cualquier empresa que hace negocios en un país, como cualquier ciudadano que realiza un intercambio comercial, esas plataformas tienen que tributar porque hacen uso de la infraestructura y la energía. Si hacen transacciones económicas, tienen que cumplir las leyes impositivas. Por la publicidad digital tienen que tributar, aunque en muchos casos por ser empresas globales no contribuyen”, comenta Jesús Ramírez.
SEGURIDAD NACIONAL
¿Cuál es la postura del gobierno de López Obrador respecto a la iniciativa del diputado de Morena, Javier Salinas Narváez (de entrada, parada en la misma Cámara), que plantea censurar en las redes sociales aquellos temas cuya divulgación atenta contra la seguridad nacional?
“Hay algunos temas que sí son de seguridad nacional. Información falsa respecto a las vacunas o algún tipo de emergencia, podría generar comportamientos sociales y hasta romper el orden público. Pero deben encontrarse las formas de moderar sus efectos, sin llegar a la censura. Ahí tiene que actuar la policía cibernética, el propio Consejo Nacional de Inteligencia y otras instancias encargadas de contrarrestar las noticias falsas.
“Se requieren mecanismos para evitar fraudes mediante la suplantación de identidades institucionales, como pueden ser los bancos o las dependencias que manejan programas sociales. Los ciberdelincuentes piden dinero a la gente, y contra esos delitos se tiene que actuar bajando esas páginas. Pero con relación a los delitos de opinión o de falsa información, no somos partidarios de censurar sino de atajarlos, creando las vacunas informativas que protejan a la gente de caer en falsedades.
“Si de regular o censurar contenidos por las opiniones que plasman se tratara, quién tomaría la decisión y con qué criterio. La afectación de la imagen presidencial o del gobierno no es suficiente razón para censurar ninguna información. El derecho a la información y la libertad de expresión lindan con lo que se pueda considerar una noticia falsa. Debe ser la educación digital e informativa de los ciudadanos la que impida que esas noticias no se diseminen, y que se detecten los comportamientos dolosos.
“Solamente en el caso de que existan fraudes a los ciudadanos, se deben bajar esas páginas. En el caso de las campañas de odio, deben ser contrarrestadas, pero sin caer en la censura. La tentación de censurar contenidos porque no son acordes con la posición ideológica o religiosa de un funcionario, es muy grande. Por eso no debe depender de una autoridad vigilar la moral, como propone el senador Monreal.
“Son términos muy antiguos: no puede haber criterios morales, se prestan a la censura. México y el mundo ya han vivido censura de contenidos por cuestiones religiosas, políticas e ideológicas. No podemos aceptar la censura de ningún tipo, menos cuando se utilizan criterios del siglo XIX que pasaron al siglo XX, como las buenas costumbres o el orden público, conceptos que llevaron a prohibir obras artísticas, cinematográficas, libros e incluso contenidos periodísticos.
“Hay que conceptualizar de manera moderna los términos, no usar términos genéricos (como la alteración del orden público) para retirar contenidos, sino detectar cotidianamente comportamientos específicos como esos intentos de fraude bancario o suplantación de personalidades institucionales que buscan defraudar a la gente. En esos casos sí, la autoridad tiene que actuar de inmediato.
“No caer en la censura, pero sí actuar cuando se afecta el patrimonio de los ciudadanos que, por no prestar atención, validan sitios que utilizan logotipos institucionales o que, incluso, cuando les hacen llamadas son víctimas de phishing. Hay que educar a la gente para que no caiga en ello. Y como esos grupos delincuenciales –algunos ligados al crimen organizado– renuevan las técnicas, hay que actualizar los términos de educación digital para que la gente pueda contrarrestar dichas prácticas fraudulentas.”
ESPACIO PRIVATIZADO
Para Jesús Ramírez Cuevas, “estamos ante unas nuevas realidades y tenemos que ir hacia una educación digital, aprender a manejar la información. Si ahora las redes sociales son el nuevo ágora, es una contradicción que este espacio público sea gestionado de manera privada. Tiene que haber reglas: por un lado, transparencia de las empresas en cuanto a los criterios con los que manejan y seleccionan la información.
“Tiene que ser del conocimiento público. La gente tiene que saber, por ejemplo, que la empresa Facebook tiene socios que curan la información, es decir, que supervisan la información sin que nadie sepa que lo hacen:
“La Agencia Francesa de Prensa es uno de los socios de Facebook en México que analizan los contenidos informativos y le dan una calificación. Eso permite la circulación de información o la restringe, de plano la congela.
“Animal Político es el otro socio de Facebook que analiza y criba la información. Y uno se pregunta cómo un medio de información tiene ese poder, en una red tan popular como la mexicana con más de 90 millones de usuarios, cuando al mismo tiempo juega en el mercado informativo. ¿Va a actuar contra la competencia, alegando que manejan contenidos no deseados?
“Este es un tema muy importante para la salud de nuestras sociedades y de la democracia. Es una extensión un nuevo campo donde hay que reflexionar, construir nuevos conceptos, aparte de nuevas legislaciones. Pero también nuevos comportamientos de los medios y de los ciudadanos, de quienes producen y consumen información, porque estamos ante nuevas realidades. Este es el nuevo espacio público y no sólo hay que adaptar las leyes sino también buscar una ética pública, donde se respeten la libertad de expresión y el derecho a la libre circulación de las ideas”, concluye el vocero de la Presidencia.