La filtración dada a Peniley Ramírez destapó una serie de discusiones en torno a la probable impunidad de las élites militares y políticas responsables de lo que sucedió en Iguala con los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, dice Julio Astillero.
Junto al desistimiento de órdenes de aprehensión y las pugnas internas en el aparato federal, las filtraciones están generando un ambiente que podría impedir el castigo de esa élite formada por los mandos militares que involucraron tropas e instalaciones en la desaparición de los normalistas, y los mandos políticos que enviaron a Tomás Zerón a Iguala para limpiar los escenarios, por órdenes directas de Peña Nieto.
Hay enfrentamientos entre la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, la Subsecretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas y la unidad de litigio sobre el caso Ayotzinapa, donde estuvo hace unos días Omar Gómez Trejo, y de esa pugna resultan las filtraciones.
Si el periodismo de investigación debe recabar datos de todas las fuentes de información, las instancias oficiales y las extraoficiales (donde suelen darse las filtraciones), la columna de Peniley en Reforma con párrafos del informe de la Comisión de la Verdad sin testar responde a una lógica política.
En la emisión del 26 de septiembre de 2022 de su noticiero Astillero Informa en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=3lIK_V46ty8), Julio Hernández López comentó que muchos periodistas han hecho uso en algún momento de filtraciones. A él mismo le han llegado ofrecer información que le habría dado gran influencia y lo hubieran llevado a formar parte de las estructuras del poder.
POR ENCIMA DE LAS VÍCTIMAS
Adriana Buentello, colaboradora en el canal de YouTube de Julio Astillero, subraya que columnistas como Raymundo Riva Palacio acabaron convertidos en operadores políticos gracias a las filtraciones. Y recuerda cuando Astillero y Riva Palacio debatieron fuerte en un foro organizado por El Financiero, donde participó también Ricardo Raphael, hasta dejar en claro que un periodista es un actor político y, los medios, parte del sector político. Hay intereses detrás de cada periodista y medio que los llevan a tener filias y fobias, pero se deben transparentar.
Entre otras cosas que esclarece la polémica sobre las filtraciones que publicó Reforma, es que el periodismo nunca puede estar por encima de las víctimas. Es una premisa básica, el periodista tiene la posibilidad de elegir el ángulo que dañe menos.
Todo periodista está obligado a saber que puede estar siendo utilizado, más que como emisor de un mensaje, como una herramienta política. Al analizar la información que le ofrecían, Peniley debió preguntarse por qué se la daban, quién está detrás y cuál es su interés al hacer la filtración. Son preguntas clave.
Más allá del ego, la ambición de ciertos periodistas sobrepasa al ejercicio reporteril o al oficio periodístico. Utilizan desmedidamente las filtraciones o las fuentes anónimas, y ya no intentan guardar un equilibrio entre las fuentes consultadas.
SILENCIARON TESTIGOS
Con su colaboradora, el también director de La Jornada de San Luis expuso la gravedad de los hechos que se han dado en el marco de la investigación ministerial sobre Ayotzinapa, como el asesinato de un testigo clave: Juan Salgado Guzmán, alias El Caderas o El Indio.
Se giró órden de aprehensión en contra de Salgado, pero cuando lo iban a detener fue víctima de una ejecución extrajudicial. Han fallecido 26 personas vinculadas a este caso y, aunque algunas murieron en accidentes o por causas naturales, el resto han sido ejecutadas. El silenciamiento del informante buscaba echar abajo el proceso en contra de los responsables de la masacre.
Desde arriba del taxi en el que viajaba, El Indio descargó los siete tiros de su pistola contra los agentes ministeriales. Ya no tenía otro cargador y se rindió. Pese a encontrarse herido y sometido, un tercer elemento de la policía ministerial dio la orden de ‘tirar’. La autopsia reveló que el occiso presentaba 23 lesiones provocadas por arma de fuego.
El Caderas era tío de Mario Casarrubias Salgado, fundador del grupo Guerreros Unidos. Antes de morir, Juan Salgado hizo varios señalamientos especificando cómo había sido la detención y la ejecución de los estudiantes; mencionó mandos militares y políticos, incluso en una primera instancia al propio Omar García Harfush, hoy secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México.
Habría sido una voz muy importante para revelar detalles que le constaba, “pero agentes de la Fiscalía General de la República prefirieron silenciarlo. ¿Qué otras cosas prefiere silenciar la FGR de Gertz Manero?”, pregunta Astillero.
VINIERON DE ADENTRO
Los disparos son tan eficaces como las filtraciones para sepultar un tema. Jorge Triana, vicecoordinador de los diputados federales del PAN, pidió que dejen de linchar a Peniley Ramírez porque las filtraciones vienen de adentro de la FGR, de Gertz Manero.
Para Buentello, hay responsabilidad penal en el funcionario que hizo las filtraciones. Y responsabilidad moral en la periodista que las publicó. Peniley debió plantearse cuál era el objetivo. Sería grave que, por inconciencia, la publicación eche abajo un proceso judicial.
El propio Encinas declaró en una entrevista que todavía hay estructuras dentro de la Fiscalía que responden al pasado. La lista empieza con el titular, Gertz no pudo ser ajeno a esas acciones. Que la FGR esté infiltrada puede afectar hasta la confidencialidad de los datos personales obtenidos mediante intervención de números telefónicos. Filtrar esas conversaciones pondría a los indiciados en riesgo de que los asesinen o, por el contrario, los alentaría a huir. Ambas posibilidades ya se dieron, con Salgado y con Zerón.
No por nada un vocero del Centro Pro de Derechos Humanos habló de un clima enrarecido en torno al caso Ayotzinapa. Y no es casualidad que el presidente López Obrador criticara la mala fe y la actitud de zopilotes de quienes publicaron el documento sin testar.
Tras reconocer la posibilidad de que pueda afectarse el debido proceso y que la intención haya sido dañar la investigación, AMLO advirtió que su gobierno no va a permitir que con argucias legaloides se vulnere la justicia. Adelantó que no van a dejar en libertad a los detenidos cuyo nombre completo se publicó, sólo porque “se violó el sacrosanto debido proceso”. Y aclaró que las órdenes de aprehensión contra los mandos militares no fueron canceladas por ese motivo. En la mañanera reiteró que no va a dejar de exigir castigo para los responsables.
JUSTICIA Y LEGALIDAD:
Es antigua la discusión entre justicia y legalidad, retoma Julio Astillero. La justicia es una aspiración individual y colectiva, la legalidad es el conjunto de normas sustantivas y adjetivas que permiten aspirar a la justicia. La legalidad es concreta y es obligación de las autoridades mantenerla.
El expediente de Ayotzinapa fue tachado en ciertas partes por el subsecretario Encinas, quien presentó la síntesis del documento a los padres, familiares y defensores de los 43, antes de hacerlo público. Se testó porque los jueces, en estricto cumplimiento de la legalidad, podrían resolver que, darlo íntegro, violaría el principio de presunción de inocencia y el debido proceso judicial contra los ahí mencionados.
Esa doctrina jurídica no puede ser relevada por una consideración política, personal o ética. Era obligado testar el documento, no sólo una decisión consciente y voluntaria de López Obrador por consideración con los padres. No tachar esas partes habría abierto la puerta a la impunidad de los mandos militares y políticos involucrados.
De ahí la gravedad de la filtración, y la razón por la que Alejandro Encinas publicó un hilo de Tweeter llamando a la FGR y al fiscal especializado Omar Gómez Trejo a preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Lejos de ayudar a la investigación, las filtraciones la perjudican y abren paso a la impunidad. Por eso, el subsecretario pidió a la Fiscalía General una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración.
ELLA NO ES ASSANGE
Olvidando la autocrítica a la que estamos obligados todos quienes ejercemos el periodismo, Peniley Ramírez se compara con Julian Assange. “Es una aberración –dice Astillero–, absolutamente incorrecto pretender siquiera comparar este episodio que puede beneficiar a los villanos de la historia con lo que hizo Assange, quien le dio a la humanidad información de las infamias cometidas desde el poder imperial estadounidense para dañar a casi todo el mundo. Es muy diferente divulgar información para afectar a un poder imperial y ayudar a la causa de los desprotegidos, a publicar una filtración que ayuda al poder militar y a los intereses peñistas.
Hay varios niveles en la consecución de la información, pero aun en la nota informativa el periodista debe saber desde qué ángulo va a abordar una información. Con el respeto al dato duro, decidir el enfoque supone una posición política y editorial. Cuando se da una opinión, también hay un enfoque del autor. Y cuando hay una investigación, el periodista decide difundir sólo aquello que considera necesario para que la sociedad conozca una investigación que pudo llevar meses.
Peniley no realizó una larga investigación y no entrevistó a nadie como para decir: ‘esta es la verdad que yo conocí’. Sería discutible tal vez, pero aceptable. Publicó una filtración sin preguntarse a quién beneficiaría. Cuando alguien nos ofrece una primicia, lo primero a preguntar es por qué quieren darnos a conocer esa información. Hace poco me invitaron a hacer una serie de entrevistas con personas que deslegitimarían la versión de Israel Vallarta respecto a las acusaciones de secuestro. Como la fuente está seriamente interesada en desacreditarlo, me negué porque iba a servir a ese propósito cuando no sabemos, siquiera, si Vallarta es culpable o no de los delitos que le imputan. Sabemos, en cambio, que el proceso judicial en su contra ha sido torcido al grado de impedir la liberación o, incluso, la sentencia de Israel.
El periodista tiene la obligación de averiguar a quién va a servir la filtración. Y quienes señalan que con ese criterio nunca se habría desatado el escándalo de Watergate, vale decir que el propósito de la filtración de Garganta Profunda fue poner en evidencia el uso faccioso del poder que hizo Richard Nixon para garantizar su reelección como presidente de Estados Unidos, poniendo los instrumentos del poder público a su servicio personal.
ACUERDO O BOICOT
Para Buentello, actitudes tan soberbias como la de Peniley al compararse con Assange son poco éticas porque complican la labor periodística. Buena parte de la sociedad ya no cree en el periodismo, y menos entiende qué es el periodismo equilibrado: a fuerzas te ponen en uno u otro bando.
En el caso de los 43, algo se ha avanzado. El informe reveló cosas importantes y hay voluntad de algunos personajes en este gobierno para llegar hasta el fondo. Esos esfuerzos se ven detenidos con acciones estratégicas, cuyo hilo conductor es la FGR. El teniente Carlos Gómez Arrieta fue funcionario de Murillo Karam en la extinta Procuraduría y sigue en la estructura de la actual Fiscalía.
López Obrador dijo que los responsables de Ayotzinapa (sea porque participaron de manera directa, encubrieron o guardaron silencio cómplice, en el caso de los medios de comunicación) son sus adversarios. Y que son tan influyentes que, entre más tiempo pasa, más enredan las cosas y más posibilidades tienen de salir adelante en su intención de que no se haga justicia.
Para Julio Astillero, en la FGR está el mayor punto de obstrucción institucional a la esperanza de justicia en este país. Y si el periodismo debe ser incómodo, la pregunta es: ¿Alejandro Gertz Manero sirve a los propósitos de que no se haga justicia, para que no haya desequilibrios ni rupturas de alto nivel entre el poder militar y el civil, o, fiel a su historia de haber servido a los intereses más oscuros, está boicoteando a la 4T?
A este boicot responden los actos desbordados de jóvenes tanto en Iguala y Chilpancingo, como en el Campo Militar No. 1 y en la marcha por los ochos años de la masacre. Segmentos de la juventud y la sociedad están desencantados con tanto discurso a favor de la justicia, pero poca aplicación práctica; por tanta denuncia de las mafias del pasado, pero sin ningún ajuste de cuentas.
Ayotzinapa fue el punto de quiebre en la administración de Enrique Peña Nieto, y sigue siendo un símbolo de impunidad. Los mexicanos queremos saber si vamos a seguir sujetos a los poderes desbordados de los militares y las policías, que pueden secuestrarte, detenerte, torturarte, asesinarte, desperdigar tus restos y salir impunes. Mientras se mantenga ese sistema de impunidad, pocas cosas podrán cambiar de fondo, concluye Julio Astillero.
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