La larga comparecencia en el Congreso del Estado de Rafael Martínez Brun, Secretario de Movilidad del gobierno estatal, evidenció una relación perversa, casi de sometimiento, de “concertacesiones” implícitas que han dado al traste con la calidad que debería tener el transporte público colimense y que históricamente se les ha negado a los usuarios.
“Me tienen harto”, dijo Martínez Brun sobre los concesionarios, en primera instancia porque el titular de SEMOV no es la clase de político como el que necesitaría una instancia pública que tiene bajo su techo las mayores cantidades de trámites estatales, y las relaciones más que complicadas con grupos de poder que conviven y negocian mediante el gran botín que son los miles de usuarios del transporte en nuestro estado.
Bien hicieron las y los diputadas y diputados de la LIX Legislatura en esta reunión, al garantizar el descuento universal para el inicio de este ciclo escolar y el no aumento en la tarifa del transporte urbano colectivo, mientras no se cumplan los acuerdos que se tienen por parte de los concesionarios, en el sentido de mejorar las unidades y el servicio que brindan a la población.
Las interminables quejas de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio son la razón fundamental para evitar, desde el Congreso, que se les vea la cara a los miles de colimenses que optan por esta opción de transporte, ya sea por economía y/o necesidad.
SEMOV debe entender que, como lo dijo el propio coordinador de Morena en el Congreso y Presidente de la Comisión de Gobierno Interno en este Poder, Vladimir Parra, la nueva Ley de Movilidad es “moderna y progresista”, por lo que, mientras no se cumplan compromisos de crear fideicomisos, mejorar las unidades, el servicio al público y la recaudación, así como incentivos fiscales, no debe autorizarse ningún aumento al costo del transporte.
Aunado a lo anterior, una de las preocupaciones más grandes que dejó la comparecencia de Movilidad es el desvelo de un caótico funcionamiento del transporte día con día en la entidad. Entre multas a los concesionarios, presiones políticas, quejas por los cobros de sinfín de trámites ante la dependencia estatal, la insana convivencia del otrora poder político de los transportistas y el encargado de despachar este sistema en Colima, han generado una relación que parecer estar llegando a un punto de quiebre.
Y SEMOV reculó, o negó que se haya implicado en algún momento en el tema del aumento a la tarifa. A explicar ese tema es por lo que fue convocado ante el Legislativo, y su respuesta fue: “ni siquiera hemos recibido una solicitud oficial por parte de los transportistas para ajustar la tarifa del transporte público”.
Llama la atención que, en entrevista con medios, el titular de Movilidad se fuera contra una de las opciones que pudieran tomar algunos municipios de la entidad, y que ya habíamos comentado en una columna anterior: las mototaxis.
Aparte de descalificarlas y advertir que la SEMOV no otorgará permisos a las mototaxis, dijo que los municipios, en dado caso de que permitan que se implementen estas opciones de transporte en su territorio, serán los responsables ante una eventualidad.
Finalizó diciendo que las mototaxis no pueden considerarse seguras, pues son “unidades que no garantizan protección a quienes las utilicen”; más de un usuario en redes le recordó que los Tsurus de generación 3 que siguen circulando por las calles de Colima, tampoco cumplen con las reglas de seguridad, y ni siquiera son aptas para transporte en los países de primer mundo.
Por tales motivos, y el cuestionable servicio de algunos taxistas “amarillos”, es que la gente se ha acercado también a los servicios de plataforma, cuyos franquicitarios se han quejado que hay un serio atraso en la verificación de los automóviles que ofrecen este servicio en nuestras calles por parte de la SEMOV. Más tarea para Rafael Martínez Brun…