Detener la fábrica de pobres

El Coronavirus de Wuhan, China, también conocido como COVID-19 es, sin duda, el mayor desafío de la raza humana y el más grande problema de salud pública de este momento. En tres meses y 20 días, que van desde el 31 de diciembre de 2019, fecha en que fue notificada su existencia por primera vez, y hasta el 20 de abril de 2020, ha sido causante de 169,986 muertes en todo el mundo, las que han sucedido a un ritmo de 1,531 decesos por día o casi 64 cada hora. Estados Unidos, Italia, España y Francia son los países que encabezan la lista de fallecimientos por Coronavirus, siendo su prioridad disminuir la tasa de contagio y lograr la recuperación del mayor número de personas que han adquirido la enfermedad.

En México el Coronavirus es también fuente de emergencia y preocupación, por lo que ha merecido que el gobierno nacional y los gobiernos locales reaccionen de manera inmediata y en una intensidad proporcional al nivel de riesgo que representa para la población. De una lista de los 11 países con el más alto número de decesos, en donde Estados Unidos les lidera con 42,604 muertes y Rusia se encuentra en el extremo opuesto con apenas 405 defunciones, México ocupa la posición 10, alcanzando hasta el 20 de abril, la barrera de 712 fallecimientos cuyo origen es el haber adquirido el Coronavirus de China. Así, nuestro país se ubica en el mundo como uno de los que mejor ha respondido, en prevención, contención y atención, a la contingencia resultante de esa pandemia mundial.

Los gobiernos mexicanos han entendido bien, primero, que en estas circunstancias excepcionales los políticos deben callar y los especialistas hablar, segundo, que se requieren medidas extraordinarias que rompan la cadena de contagio, en las que se priorice la vida y la salud por encima de cualquier otra necesidad social. Pero han entendido mal, muy mal, que la mitad de la población mexicana ya vivía, antes de la pandemia del Coronavirus, en condiciones de alto riesgo en su vida y salud, por una economía que les deja tan poco dinero cada día, que apenas les alcanza para comer y sobrevivir. En este escenario es en el que las medidas para evitar el COVID-19, como el confinamiento en casa y la suspensión de actividades no esenciales, sin estar acompañadas por buenas políticas de protección a la economía y al empleo, podrían estar generando más afectaciones que beneficios entre los más vulnerables.

En México, el Coronavirus es, para gran parte de la población, una fábrica de pobres. La obligación gubernamental de quedarse en casa y parar actividades económicas, aunque justificada en términos sanitarios, ha dejado sin empleo, sin ingreso, sin comida, sin salud y, es posible, hasta sin vida, a una cantidad importante de mexicanos que ya vivían, desde antes, una emergencia diaria por motivos económicos. Meseros, trabajadores del hogar, personal de limpieza, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, trabajadores de la construcción, choferes de transporte público, profesionistas independientes y muchos otros, son ya víctimas no sólo de la contingencia del Coronavirus y de una economía débil e incapaz de generar condiciones mínimas de bienestar, sino fundamentalmente de gobiernos indolentes y despreocupados por auxiliares en los tiempos más difíciles de la historia reciente.

El gobierno nacional, los 32 gobiernos estatales y los 2,464 gobiernos municipales deben hoy, más que nunca, abrir los ojos ante lo obvio de siempre: que los más vulnerables, los que viven al día y los que están en riesgo de su salud y de su vida por no alcanzarles ni para comer, son la prioridad número y no pueden esperar. Una trabajadora del hogar de la que dependen varios hijos y que la cuarentena le obliga a dejar de trabajar dos meses, vive hoy entre la frustración de no poder pagar las cuentas fijas de gas, luz, agua, renta y la desesperanza de tampoco tener con qué alimentarlos. Tal vez pueda resistir por un tiempo corto con el apoyo de familiares y amigos, pero definitivamente no será capaz de aguantar hasta el final de la contingencia, sin acciones que de verdad mitiguen su vulnerabilidad económica, alimentaria y de bienestar con eficacia. Es momento de pasar de gobiernos relajados y en parálisis que se dedican a pagar nómina pública, a gobiernos que priorizan, atienden y dan resultados eficaces y rápidos a quienes de verdad más lo necesitan.

El Coronavirus por supuesto que es urgente detenerlo, como emergencia sanitaria. Pero la necesidad de pararlo es aún mayor cuando, como en el caso de México, se ha convertido en la principal fábrica de pobres. De acuerdo al Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), en la actualidad existen 52.4 millones de pobres en México y al terminar la contingencia por el COVID-19 esta cifra podría aumentar a 73.4 millones de mexicanos, es decir, 40% más. Por ello es necesario tener claro que este no es el tiempo de los bancos, de los grandes consorcios o de los empleados públicos que, de una u otra forma, tienen garantía en la frecuencia y cantidad de sus ingresos económicos. Hoy es tiempo de los más vulnerables, de los más pobres, de los que viven al día y de los que están en riesgo de perder o ya perdieron tanto sus empresas como sus empleos. Cerremos cuanto antes, la fábrica de pobres. Hasta aquí mi participación de hoy, nos vemos en la siguiente.

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