Si los magistrados tienen la percepción de que no ganan lo suficiente, o que apenas y ganan lo justo, pareciera que el golpe de realidad será muy pero muy duro. La pugna por la Ley de Remuneraciones entre la dupla Ejecutivo-Legislativo en contra del Poder Judicial a nivel federal será épica, aunque créanme cuando les digo que la mayoría de la población apoyará por una reducción de las prebendas que tienen jueces, magistrados o ministros.
Un ejemplo. Cuando el Poder Judicial estatal llevó la propuesta de presupuesto para 2019 al Congreso del Estado de Colima, en el discurso su magistrado presidente terminó aceptando que el 97 por ciento del presupuesto se va en nómina, sin embargo, hasta este año, después de un lustro de espera, la presente Legislatura fue la que otorgó un incremento para la nómina de la base trabajadora del ámbito judicial. La brecha salarial entre los altos mandos y los trabajadores es en muchos casos abismal.
Aunado a eso, acusaciones como las que indican que los magistrados del Poder Judicial de la Federación mantenían una nómina secreta altísima, vino a darle un mayor impulso a la petición de austeridad y transparencia de parte de la sociedad. La propuesta de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que ningún funcionario público pueda ganar más que el titular del Ejecutivo (con tope de 108 mil pesos) ha puesto en predicamento a varias instituciones. Nada más en Colima, sobran ejemplos de funcionarios que rebasarían con creces esa cifra.
En el ámbito local, la mayoría de MORENA ya ha dado avisos de que el tema está en la mesa y será cuestión de tiempo para que inicie la verdadera pugna por la reducción salarial. Los diputados, acusados por la ahora oposición priista de ganar casi 200 mil pesos al mes deberán transparentar en el presupuesto de 2019 sus verdadera percepciones, que rondan los 40 mil quincenales. Para eso, deberán separar y desglosar otras partidas que se les depositan directamente, ya que el respaldo ciudadano se dará en correspondencia a la transparencia con la que cada Poder maneje el tema. Y la guerra sucia de parte de los otros partidos no esperará.
Incluso, ya ha habido respuestas. El magistrado Mario de la Madrid Andrade dijo a algunos medios de comunicación que el combate a la corrupción no se da por una reducción salarial, especialmente en su ámbito. Pese a esto, el análisis del tema pasa por el número de prebendas y beneficios aparte del sueldo del que gozan muchos de estos servidores públicos. La idea de la austeridad republicana ha permeado tanto que se convirtió en una exigencia ciudadana.
México es un país con tanta desigualdad, que el combate a la misma debe darse desde las instituciones públicas. En la defensa de tan altos honorarios, ha habido aberraciones como la de difundir la idea de que si se bajan los sueldos, los jueces se corromperán o los funcionarios robarán. Una mala noticia: la gente ya tiene esa idea respecto de los funcionarios públicos y comportarse de manera rejega no ayudará en nada a la defensa de las altas percepciones.
Increíblemente, veremos impensadas situaciones en las que los mejor pagados reniegan de sus ingresos, esperando que los respalden los menos afortunados. Por lo tanto, los partidos que promueven acciones a nivel federal para defender las altas percepciones, como PRI, PAN, PRD y MC, no deberán sorprenderse del reclamo ciudadano.
Eso sí. Los que defenderán su jugoso cheque, recen porque el tema no se vaya a una Consulta Ciudadana. Van a salir vapuleados.